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Índice de Cambio Climático en Canarias (ICCC)
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En 1992 se celebró la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático1
, resultado de un proceso de negociación internacional
abierto tras la publicación del Primer Informe de Evaluación del “Panel
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático” (en adelante
IPCC) en el que se confirmaba la existencia y peligrosidad del cambio
climático2
. Sin embargo, cuando se celebró la Primera Conferencia de las
Partes (COP), los denominados “Estados Parte” (las Partes de la Convención)
reconocían que sus compromisos no serían suficientes para resolver el
problema3
. Por ello, en la conferencia celebrada en 1995 en Berlín, los
países firmantes adoptaron compromisos más firmes y detallados para los
países industrializados. Dichos acuerdos se materializaron, finalmente en
1997, en el llamado Protocolo de Kioto4
, en el que básicamente se acuerda
reducir globalmente en el período 2008-2012 las emisiones conjuntas de los
seis gases de efecto invernadero5
, en al menos un 5% respecto a los niveles
de 1990.
No obstante, la resistencia de algunos de los países más desarrollados y con
mayor nivel de emisiones no favoreció la adopción de medidas concretas
hasta la celebración en 2001 de la 7ª COP, estableciendo en los Acuerdos de
Marrakech normas detalladas así como algunas medidas para la aplicación
de la Convención Marco de 19926
.
En concreto, la Unión Europea (UE) se comprometió a reducir sus emisiones
en un 8% respecto a 1990. Sin embargo, a cada país se le otorgó un
porcentaje diferente en función de variables económicas y
medioambientales según el principio de «reparto de la carga7». De acuerdo
con este principio, las cuotas de emisión se redistribuyen a su vez entre los
países miembros, de forma que unos se comprometen a reducir sus
emisiones más de un 8%, por ejemplo Alemania (21%) o Austria (13%), y a
otros se les permitió aumentarlas, aunque con un tope máximo como es el
caso de España (15%) y de Suecia (4%). En la actualidad se está
negociando, en el marco de la Convención, la continuidad del proceso
después de 2012, en la idea de renovar compromisos de reducción,
vinculantes para todos los países industrializados y voluntarios para los
países en desarrollo, especialmente los llamados emergentes.
Para Canarias, a pesar de su reducida dimensión territorial y demográfica, el
cambio climático es relevante. Por un lado, una parte importante de su
economía se sustenta en el clima, el sector turístico depende directa o
indirectamente de los cambios que se produzcan en él. Por otro lado,
durante el período 1990-2006, se produjo un importante crecimiento
económico y poblacional que generó un incremento del consumo energético
y, por ende, de emisiones, lo que evidentemente ha tenido repercusiones en
el medio ambiente. En este sentido, según se desprende del Informe Stern
del 2006, la estimación de las repercusiones económicas que tendría la no
aplicación de medidas que limiten el incremento de emisiones, a nivel
mundial, se situaría en torno al 20% del PIB total. Esto, tendría un elevado
impacto económico y social “de dimensiones desconocidas en la era
contemporánea, mientras que con una inversión equivalente al 1% del PIB
mundial podría evitarse tal catástrofe” 8
.
En este contexto, la Comunidad Autónoma de Canarias no puede aislarse
del impacto del cambio climático. Con el fin de contribuir a la reducción de
las emisiones, ha emprendido una serie de acciones entre las que destaca la
creación en el 2009 de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y
Cambio Climático con el objetivo, entre otros, de elaborar un primer Índice
de Cambio Climático (ICCC).
Se trata, con la elaboración de este índice, de obtener información
cualificada que contribuya a promover acciones que favorezcan la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que sea una
herramienta que permita valorar de forma objetiva el impacto de las
medidas puestas en marcha para hacer frente al cambio climático.
Los efectos del cambio climático van más allá de las repercusiones
económicas y ambientales, son ahora “consideraciones geopolíticas”. La
voluntad para desarrollar una política sostenible a fin de controlar el cambio
climático será un requisito esencial para evitar, en el futuro inmediato, un
nivel de emisiones que podría resultar peligroso a gran escala.