El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y la Administración de la Seguridad Social para el periodo 2026-2033, un instrumento que permitirá incorporar de forma progresiva y sistemática criterios ambientales en la contratación pública y aprovechar su capacidad para impulsar la transición ecológica.
La contratación pública representa aproximadamente el 11,5 % del PIB y cerca del 25 % del gasto público, por lo que constituye una herramienta estratégica para orientar la actividad económica hacia modelos de producción y consumo más sostenibles. El nuevo Plan pretende aprovechar este potencial para reducir las emisiones, mejorar la adaptación al cambio climático, favorecer la economía circular y estimular el desarrollo de soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente.
Entre sus objetivos figura que, al término de su vigencia, en 2033, se valore la incorporación de al menos una consideración medioambiental en el 100 % de los procedimientos de contratación incluidos en su ámbito. El Plan amplía, además, su alcance respecto al anterior, vigente entre 2018 y 2025, al incorporar a las entidades públicas empresariales y las agencias estatales, junto con la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.