Este informe presenta una de las revisiones más completas realizadas en España sobre la aplicación del análisis coste‑beneficio (ACB) en medidas de adaptación al cambio climático. Elaborado en el marco de la convocatoria de subvenciones del PNACC 2021‑2030 y con apoyo de la Fundación Biodiversidad, el estudio analiza 64 evaluaciones económicas internacionales y nacionales, generando una base con 303 observaciones sobre distintos tipos de intervenciones, riesgos climáticos y contextos socioeconómicos.

El informe identifica un mensaje clave: las inversiones en adaptación son rentables, especialmente cuando se implementan de forma temprana, y ciertas medidas —como las Soluciones Basadas en la Naturaleza (NbS) y los Sistemas de Alerta Temprana (EWS)— ofrecen consistentemente mejores ratios coste‑beneficio que las infraestructuras grises tradicionales. Estos resultados refuerzan la necesidad de priorizar enfoques preventivos, flexibles y basados en ecosistemas en la planificación climática.

No obstante, el análisis evidencia importantes desafíos: falta de datos homogéneos, dificultades para monetizar beneficios intangibles (como servicios ecosistémicos, salud o equidad), heterogeneidad metodológica y riesgos de sesgo por la elección de tasas de descuento, horizontes temporales o unidades de análisis. Para avanzar hacia decisiones más robustas y comparables, el informe propone recomendaciones prácticas como el uso de escenarios múltiples, la estandarización de criterios, la integración de análisis multicriterio y la participación de actores locales.

El documento incorpora además una innovadora encuesta de percepción experta mediante metodología Q, revelando cuatro discursos predominantes sobre el uso del ACB y sus limitaciones, lo que ayuda a entender la carga subjetiva que influye en los resultados.

En conjunto, el informe concluye que la adaptación debe concebirse como una inversión estratégica, imprescindible para reducir impactos futuros y maximizar beneficios sociales, económicos y ambientales. Asimismo, subraya la importancia de integrar la equidad, la participación y el conocimiento local en la evaluación y priorización de medidas, fortaleciendo así la resiliencia del territorio frente a un clima cada vez más incierto.