El informe es una de las obligaciones establecidas en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE) por la que el Banco de España, la CNMV y la DGSFP deben elaborar, bajo la coordinación de la AMCESFI, un informe bienal sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático. Este informe, que se elabora en 2023 por primera vez, tiene el mandato de llevar a cabo una evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las propuestas de eventuales actuaciones para combatirlo, así como analizar el grado de alineamiento del sistema financiero de nuestro país con las metas climáticas del Acuerdo de París y de la normativa de la UE.