El informe es una de las obligaciones establecidas en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE) por la que el Banco de España, la CNMV y la DGSFP deben elaborar, bajo la coordinación de la AMCESFI, un informe bienal sobre la evaluación del riesgo para el sis