La Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC), que concluyó sus trabajos el pasado mes de mayo, ha entregado al Gobierno su informe final de recomendaciones sobre cómo acelerar la lucha contra la crisis climática. De este modo, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), toma razón del informe y se dispondrá a analizar y evaluar las recomendaciones con el fin de estudiar las opciones que existen para integrarlas en la acción de gobierno. Posteriormente, lo remitirá al Congreso de los Diputados, según lo establecido en la Orden TED/1086/2021.

El informe, publicado el 6 de junio de 2022, responde al mandato de la Asamblea de elaborar propuestas para lograr que España sea más segura y justa ante el cambio climático. El texto cuenta con un total de 172 recomendaciones, enmarcadas en 58 objetivos y organizadas en cinco grandes bloques o “áreas de vida”: consumo; alimentación y uso del suelo; trabajo; comunidad, salud y cuidados; y ecosistemas.

ORIGEN, CONSTITUCIÓN Y DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

La ACC tiene su origen en la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España de enero de 2020, que incluía entre sus compromisos reforzar los mecanismos de participación, y que se consagró en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones en torno a buenas prácticas para procesos deliberativos elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como la responsabilidad, la representatividad, la inclusividad, la transparencia, la integridad y la privacidad. Igualmente, se constituyó tras un proceso de selección de sus integrantes independiente y aleatorio, como una muestra representativa de España sobre la base de unos criterios objetivos de estratificación como la edad, género, nivel educativo, procedencia geográfica y residencia en área urbana o rural, entre otros.

Desde entonces, la Asamblea trabajó durante siete meses, desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2022, en un ejercicio de deliberación y aprendizaje para generar reflexión y conocimiento colectivo, con el objetivo de reforzar la participación ciudadana y facilitar la adopción de políticas frente a la emergencia climática. Por tanto, ha supuesto una oportunidad para escuchar a la ciudadanía y entender dónde están sus preocupaciones y qué soluciones proponen o necesitan para avanzar en un cambio de hábitos, de modelos de producción y de consumo.

La llamada de la comunidad científica a promover una transformación económica y social para alcanzar sociedades descarbonizadas y más resilientes necesita de una sociedad informada que impulse cambios en los modelos de producción y consumo a través de sus comportamientos y hábitos cotidianos. En este sentido, durante todo el proceso, los asambleístas contaron con el respaldo de un órgano de gobernanza compuesto por expertos independientes, un panel de coordinadores, y facilitadores para encauzar las distintas fases de aprendizaje, conocimiento, reflexión, deliberación y preparación de recomendaciones.

La participación de los asambleístas se desarrolló bajo anonimato para garantizar su protección y privacidad y el ejercicio de su labor con total libertad. El pasado 6 de junio los portavoces seleccionados por los propios asambleístas hicieron entrega de las recomendaciones adoptadas al presidente del Gobierno.

Esta Asamblea es un primer ejercicio, pionero en España, que busca servir de impulso a este tipo de procesos deliberativos y que se pueden replicar, tal y como sugiere la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el ámbito regional y municipal.